Iniciativas andaluzas por una buena administración

En los tiempos que corren, sumidos como nos encontramos en una agotadora crisis económica, la mayoría de nuestros bienes (en medio rural y urbano), tanto públicos como privados o de particulares, han de ser cuidadosamente administrados para que no resulte nuestro patrimonio mermado o también para que no se cometa ningún tipo de posible acto fraudulento en su gestión. Por desgracia, en el terreno de la administración de fincas el segundo caso es bastante más habitual de lo que se pueda pensar. Continuamente se investigan cientos de fraudes y mala praxis en la gerencia de las cuentas de la comunidad a raíz de administradores que no realizan su trabajo correctamente, lo que provoca que los propietarios se vean obligados a abonar un sobrecoste que no deberían tener que asumir. Una comunidad vecinal mal administrada, provoca una caída notable en la tasación de las viviendas e inmuebles, debido a que si no se realiza el mantenimiento adecuado en las zonas comunes o se hace exigiendo un importante sobrecoste, esto repercute en la economía vecinal, ya que es la que acaba pagando estos extras.

Una administración fraudulenta se puede detectar de diferentes formas. Hay dos fácilmente distinguibles: una es cuando el administrador maneja toda la economía (ingresos y gastos) de la finca a través de una única cuenta de la que él mismo es titular exclusivo. Con este mecanismo es muy difícil que un vecino pueda averiguar con seguridad cuánto se invierte en reparaciones y mantenimiento de la comunidad y este mismo dinero puede ser utilizado para cubrir gastos en otras comunidades (las cuales tampoco advierten los movimientos dinerarios). Con esto se crea un desvío de fondos y pérdidas innecesarias entre los propietarios, pagando una asignación más elevada por un servicio de administración igual o incluso más deficiente. Las cuentas comunitarias no suponen un trabajo administrativo demasiado complejo, puesto que normalmente no sobrepasan de 15 o 20 gastos, ingresos e impagos mensuales a contabilizar, por lo que esta debería ser una actividad transparente, sin que alguien provoque un descontrol financiero en la economía de la finca en perjuicio de esta y beneficio propio. El otro tipo más común de fraude ocurre cuando un administrador toma el cargo de la gestión completa de todos los requerimientos de la comunidad (sumando a su labor de gestor la de proveedor de equipos y sistemas de limpieza, restauraciones, mantenimiento de estructuras y maquinaria de la propiedad, etc. Con estas actividades cobran sobresueldos externos fuera de la legalidad, además de suministrar un servicio de peor calidad al lugar en el que desarrolla su trabajo.

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Una buena opción para que una comunidad no se vea afectada negativamente por estos perjuicios es buscar asesoramiento o contratar a empresas de administradores de fincas que se dediquen profesionalmente a este cometido. Hay distintas asociaciones que se dedican a ello y que nos ofrecen, ante la desconfianza que saben que han podido generar otros anteriormente, una máxima profesionalidad y responsabilidad deontológica firme, ofreciendo a sus clientes una rebaja en los costes, ahorro energético y la supresión de impedimentos arquitectónicos para favorecer la comodidad y el tránsito de los discapacitados en sus comunidades y centros de trabajo.

Un administrador debe acreditar unas facultades que le permitan establecer todas las tareas de administración y gestión que los propietarios hayan acordado, para servir al mantenimiento de la propiedad, contabilidad adecuada de los presupuestos, etc. Normalmente se requieren ciertos conocimientos básicos de diversos sectores, desde los sistemas de calefacción al de antenas, porterillos automáticos de la comunidad, tareas de pintura o pequeñas obras, lo que requiere una actualización y mantenimiento constante de las aptitudes necesarias. Para acceder a este trabajo, el administrador ha de contar con un título universitario superior (relacionados con Derecho, Económicas…) o pasar un plan de estudios de tres años de duración y emitido por la Escuela Oficial de Administradores de Fincas. Además, las asociaciones de administradores de fincas acuerdan seguros de responsabilidad civil para evitar alguna posible negligencia y proporcionan continuamente cursos de formación, charlas, cursillos, circulares y asesoramiento completo a sus trabajadores, a fin de mantener las aptitudes que se precian en un administrador al nivel que se le exige en su oficio.

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